La Comisión lleva a Polonia al Tribunal Europeo por la reforma del poder judicial

La Comisión Europea anunció ayer que ha decidido llevar a Polonia otra vez ante el Tribunal de Justicia de la UE «para proteger la independencia de los jueces polacos», incluyendo la solicitud de aplicación de medidas cautelares de urgencia que según el comisario de Justicia, Didier Reynders, se justifican por el hecho de que «la Comisión considera que la legislación impugnada socava la independencia judicial en Polonia y es incompatible con el derecho de la Unión».

El Ejecutivo europeo también pidió al Tribunal de Justicia de Luxemburgo que tome medidas urgentes para suspender las decisiones de la sala disciplinaria de la Corte Suprema de Polonia sobre el levantamiento de la inmunidad de los jueces. Según el comisario de Justicia, «la decisión de levantar la inmunidad de un juez debe ser tomada por un organismo independiente», mientras que «en Polonia, la independencia e imparcialidad de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo no están garantizadas», lo que entraña un «riesgo de daños graves e irreparables a la independencia del sistema judicial en Polonia y al orden jurídico de la Unión». Para la Comisión, la defensa de los magistrados polacos se justifica en que «son jueces europeos» lo que significa que el criterio sobre el respeto a su independencia ha de ser el mismo en todos los países miembros.

Esta nueva remisión a la Justicia europea se enmarca en un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en abril de 2020 contra la ley polaca que permite sancionar a los jueces que cuestionan las reformas del sistema judicial diseñadas por el Gobierno del partido euroescéptico, conservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), que está en el poder en Polonia desde 2015. En 2017, la Comisión Europea también puso en marcha un procedimiento conocido como ‘artículo 7’ del Tratado de la UE con respecto a Polonia.

En caso de ‘violación grave’

Este mecanismo, previsto en caso de «violación grave» del Estado de Derecho en un país de la Unión, puede en teoría conducir a la privación del derecho de voto al país afectado, pero en la práctica resulta muy poco operativo porque depende en última instancia de una decisión que han de tomar los propios gobiernos nacionales en un Consejo Europeo. Sin embargo, en el paquete legislativo del fondo de recuperación para superar los efectos económicos de la pandemia se ha previsto que los países que no respeten el Estado de Derecho pueden ser privados de dichas ayudas. Polonia ha intentado por todos los medios impedir que se aprobase esta disposición, pero Alemania y la mayoría de los países que aportan sus garantías para esas ayudas han insistido en que el mecanismo se mantenga. Por ahora, los principales países que pueden verse afectados son sobre todo Polonia y Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, ha terminado por abandonar el Partido Popular Europeo antes que acceder a someterse a las indicaciones de la Comisión y el Parlamento Europeo sobre su comportamiento respecto a las reglas fundamentales de la democracia.

El principal argumento para este nuevo procedimiento judicial contra Polonia es la ley sobre el poder judicial de 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor el 14 de febrero de 2020, que Bruselas considera que afecta directamente a la independencia de los jueces y que es incompatible con la primacía del derecho de la Unión Europea. Además, la ley prohíbe a los tribunales polacos, incluso mediante procedimientos disciplinarios, aplicar directamente determinadas disposiciones de la legislación europea que protegen la independencia judicial y les impide remitir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo las decisiones preliminares sobre tales cuestiones, como está previsto en los Tratados europeos, precisamente para reforzar la primacía de la legislación europea.

Aumenta la presión

La vicepresidenta de la Comisión, encargada del respeto de los valores y la transparencia se ha lamentado de que «a pesar de las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia y de nuestros numerosos intentos de remediar la situación, la presión sobre los jueces polacos sigue aumentando y su independencia está sujeta a una erosión constante»,

El gobierno de Polonia ya fue condenado el pasado 2 de marzo en una sentencia en la que se afirma que las reformas sobre la forma en que son designados los jueces de la Corte Suprema polaca pueden infringir la ley europea. El gobierno nacional-populista polaco argumentó que las reformas son necesarias para hacer que los tribunales sean más eficientes y eliminar los restos del pasado comunista anterior a 1989. Por ahora no ha habido ningún síntoma de que el PiS esté dispuesto a renunciar a sus planes a pesar de la presión de Bruselas. El PiS figura adscrito en el grupo de los conservadores del Parlamento Europeo, junto a otros partidos nacionalistas como Vox.



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